El Congreso ha aprobado la nueva versión de la Ley de Memoria Histórica a pesar de la oposición del PP y Ezquerra Republicana, aunque todaví­a es necesaria la aprobación del Senado para que entre en vigor a principios del mes de Diciembre.

Como todos sabemos esta ley, que reconoce y amplia los derechos a favor de quienes fueron perseguidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, ha tenido una fuerte oposición por parte de los grupos conservadores alegando que puede abrir antiguas heridas y supone la alteración de materiales y monumentos históricos.

En relación con esto, también se ha aprobado la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, el cual tendrá su sede en Salamanca. Este centro aspira a convertirse en la fuente principal de información para los estudiosos de la Guerra Civil y la Transición, para lo que tiene como objetivo recuperar los fondos documentales en cualquier soporte relativos al periodo comprendido entre 1936 y 1978. Más concretamente, las funciones de este centro serán:

• Mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil Española.
• Recuperar, reunir, organizar, conservar y poner a disposición de los ciudadanos los fondos documentales de interés para el estudio de la Guerra Civil, la Dictadura franquista, la resistencia guerrillera contra ella, el exilio, el internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y la Transición.
• Fomentar la investigación histórica.
• Impulsar la difusión de los fondos del Centro, y facilitar la participación activa de los usuarios.
• Asesorar en la localización de información para la reparación de la memoria y ayuda a las ví­ctimas de la represión.
• Fomentar la cooperación con organismos equivalentes de otras administraciones públicas.

En nuestro caso particular nos interesa como esta ley puede afectar a los archivos, y, sin entrar en otros detalles, me preocupa sobretodo en lo que se refiere a su acceso ya que supone sentar un precedente para facilitar el acceso a documentos con datos de carácter personal no solo a los interesados que intervinieron en los hechos y a sus herederos, sino a todos los ciudadanos.