Por: Karen Martínez / El Informante 

Lima, 18 Diciembre 2007.- El congresista Yonhy Lescano (AP) propuso que el Ministerio Público inicie las investigaciones sobre la pérdida de documentos históricos pertenecientes al Archivo Histórico de Límites y al Archivo General del Ministerio de Relaciones Exteriores, sustraídos y enviados a Estados Unidos y Gran Bretaña entre los años 2003-2006.

Lescano preside la subcomisión investigadora de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el supuesto tráfico de documentos del archivo de la Cancillería peruana, y en su primera sesión del 3 de diciembre convocó al secretario general de RR.EE, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, y a otros funcionarios para que informaran sobre el hurto de 48 documentos que iban a salir del país y que fueran incautados en la aduana del Callao en julio de 2006.

En esa sesión se supo que los robos de los documentos tuvo como autor principal al trabajador del Archivo General, José Claro Vera Ramírez (se encuentra detenido con sentencia judicial a seis años de cárcel) quien reiteradas oportunidades y sistemáticamente fue sustrayendo los documentos históricos.

La subcomisión citó al general Walter Rivera Alva, jefe de la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP; al jefe institucional del Archivo General de la Nación, Lizardo Pasquel Cobos; y a la doctora Lourdes Rivera Santander, procuradora pública del Ministerio de Justicia.

El general PNP Rivera Alva dio pormenores de la incautación de los documentos ocurrido el 19 de julio del año pasado. Dijo que Vera Ramírez fue detenido el 31 de agosto y aceptó haber remitido en los últimos años unas serie de manuscritos históricos de la Cancillería, clasificados como correspondencia, y que pertenecieron a los años 1782 y principios del siglo XIX.

Junto con Vera Ramírez participaron los trabajadores Marco Mogollón, Julio Romero Almeida y Larry Mendoza Navarro. Ambos fueron encontrados responsables de los delitos de hurto agravado contra el patrimonio cultural, la tranquilidad pública y asociación ilícita para delinquir, pero investigaciones posteriores habrían determinado la inocencia de éstos tres últimos.

Igualmente se supo que entre los años 2003 y 2006 hubo 27 envíos más de manuscritos pertenecientes al patrimonio histórico del país, pero sobre los cuales no se hizo, en su momento, ninguna investigación.

Ante estos hechos, Lescano Ancieta pidió que el MP inicie las investigaciones pertinentes porque el Ministerio de Relaciones Exteriores “era una coladera”.

En la sesión participó también el congresista Juvenal Ordóñez (GPN) y ante sus preguntas, se dio a conocer que Vera Ramírez recibió entre dos a tres mil dólares por cada envío de los documentos, principalmente a compradores de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Los contactos se hacía por correo electrónico y los receptores enviaban la cantidad acordada a una cuenta de ahorros en Lima.

De los últimos documentos sustraídos se dio a conocer que 43 pertenecen al Archivo Central del Ministerio de RR.EE. y cinco al Archivo de Límites, cuatro de ellos, según el embajador Eduardo Carrillo Hernández, ex subinspector general de la Cancillería, serían sobre la soberanía de la Nación; y según el doctor Lizardo Pasquel son documentos fechados en  1782, entre ellos las “Noticias de Francisco Requena sobre las declaraciones de los indios maques y baguas sobre el río Yari” y comunicaciones oficiales del reino de España.

El funcionario dijo en la subcomisión que estaban preocupados (en el Archivo General) por la depredación y robo de que son objeto muchos documentos por pseudo investigadores, y comentó que se debió haber  investigado las anteriores incautaciones.

Por su parte, el embajador Eduardo Carrillo lamentó que no exista un cuidado severo y minucioso de los archivos del Ministerio de RR.EE.  y que haya quedado en nada las investigaciones sobre el destino de ocho millones de dólares que fueron destinados a la adquisición de un nuevo local y equipamiento del Archivo General del ministerio.

Dijo que el presupuesto público de los años 1987 y 1988 autorizaron aumentar el costo de las recaudaciones consulares en un ciento por ciento y producto de esa recaudación (se llegó a los 17 millones de dólares) se destinaría a la construcción (del Archivo Central) y reposición, reparación y mantenimiento de los impresos. Se desconoce el destino del dinero y las razones por las que las investigaciones abiertas en 1993 y el proceso judicial seguido durante cuatro años quedó en nada.

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