San Pablo, 7 (ANSA) - El gobierno brasileño puede verse obligado a abrir los archivos del régimen militar a raiz de la causa contra 11 supuestos represores brasileños iniciada por la Justicia italiana, publicó hoy la prensa local.

La apertura de los archivos militares fue evitada por el presidente Lula da Silva en su primer gobierno (2003-2007), posición que puede ser revisada debido al proceso abierto por la jueza romana Luisanna Figliola contra brasileños sospechados de participar en el Plan Cóndor, que coordinó la represión sudamericana en los años 70 y 80, sostiene el diario Valor Económico.

Figliola solicitó la extradición de 11 brasileños a los que vinculó con la detención y posterior desaparición de los ciudadanos ítalo argentinos Horacio Campiglia e Ismael Viñas, ocurridas en 1980. A la causa de la Justicia italiana se suma la decisión del Tribuna Superior de Justicia de Brasil que ordenó investigar los archivos castrenses por la desaparición de varios guerrilleros en Araguaia, estado de Pará, en la década de 1970.

La apertura de los archivos es rechazada por la cúpula de las Fuerzas Armadas brasileñas, cuyos miembros no fueron investigados en razón de la ley de amnistía sancionada en 1979, durante la presidencia del general Joao Baptista Figueiredo.

El diario Valor especula que si Lula ordena la apertura de los documentos hasta ahora secretos es posible que se desate un crisis entre el gobierno y los uniformados.

El ministro de Justicia brasileño, Tarso Genro, declaró su respaldo a un proceso en Brasil contra los presuntos represores, lo que redundaría en una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto.

De todos modos Genro aclaró que está completamente descartada la posibilidad de extraditar a los 11 acusados, pues la Constitución brasileña lo prohíbe.

El ministro Genro conversó con el juez español Baltazar Garzón que, según la prensa del fin de semana, también promoverá una acción contra los ex miembros del regimen militar procesados en Italia.

De acuerdo con el diario Valor es factible que el gobierno acepte investigar lo ocurrido durante la dictadura pero sin condenar a los implicados, a semejanza de lo que ocurrió en Sudáfrica con la Comisión de la Verdad tras el fin del apartheid.

- Fuente original de la noticia:
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/brasil/20080107144934556486.html