Estimado Presidente, la implantación de un canon digital sobre la copia privada como concreción de la Ley de Propiedad Intelectual no ha acabado con el debate social sobre la forma de retribuir los derechos de propiedad intelectual. La actitud confusa y oportunista del PP, con una agenda oculta basada en la obstaculización de las redes de intercambio de contenidos (P2P), en la lí­nea de lo propuesto por Sarkozy, lo ha colocado incluso en el centro de la batalla electoral.

Su compromiso de estudiar cualquier alternativa que, apoyando a los creadores y a la propiedad intelectual, facilite el dinamismo cultural e introduzca más racionalidad y transparencia en las decisiones de los agentes empresariales, concede una nueva oportunidad que una organización progresista como la nuestra, que vincula a profesionales del conocimiento, entre empresarios, funcionarios y directivos de grandes empresas, no puede desaprovechar.

Es imprescindible reconocer la excepcionalidad y transitoriedad de la solución adoptada, es decir que "el canon es un sistema imperfecto y transitorio, un mal menor" como expuso un alto responsable de su gobierno, algo imprescindible para encontrar un nuevo consenso social sobre este importante asunto.

Sin más dilación pasamos a exponerle la esencia de nuestra propuesta:

1. La creación cultural y la propiedad intelectual son un componente esencial del desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Es, por tanto, muy peligroso e injusto transmitir que el impulso de ésta pone a la cultura en peligro. Ni lo está por el lado de la oferta, porque existen ahora más creadores que nunca, ni lo está por el lado de la demanda, porque existen más canales para acceder a ella que nunca. Nuevas tecnologías (TIC) y desarrollo de la creación intelectual forman parte de un todo que no está en contradicción.

2. El desarrollo de las TIC está provocando, sin embargo, la rápida crisis de los modelos de negocios tradicionales basados en soportes físicos y en los mecanismos de distribución asociados a ellos. Los creadores y la industria no han encontrado todavía los mecanismos adecuados que compensen los esfuerzos invertidos en la creación. Como en otros cambios tecnológicos, los actores y las instituciones públicas se enfrentan, a un doble reto: por un lado, a facilitar el tránsito desde lo viejo a lo nuevo con el fomento a nuevas formas de relación y negocio cultural y, por otro, a paliar en lo posible el rápido deterioro de los ingresos de los autores de bienes culturales sentido en los últimos años, evaluado en 110 mill. de €.

3. La implantación de un canon sobre la copia privada debe comprenderse en ese contexto. Y también la reacción social provocada por su implantación. Por un lado, la propuesta de las asociaciones de gestión de derechos, singularmente la SGAE, está en línea con las soluciones auspiciadas por la Comisión Europea. Por otro, buena parte de los consumidores y usuarios organizados en la Plataforma Todos contra el Canon se opone al mismo porque “dificulta el desarrollo de la Sociedad de la Información y a la competitividad de nuestra economía” mientras reclama transparencia y racionalidad en su gestión para minimizar su impacto negativo.

4. Hace bien el Gobierno en escuchar los problemas acuciantes de los creadores culturales representados por las asociaciones de gestión de derechos, singularmente la SGAE. Y es su obligación aportar un cauce de solución facilitando los recursos públicos, directos o indirectos, que considere adecuados. Pero es imprescindible distinguir entre actuaciones permanentes y transitorias y, entre competencias delegables e indelegables. Y también lo es distinguir y precisar la diferencia entre los diversos fines –compensación por lucro cesante y promoción a nuevas formas de negocio- y entre los diversos medios existentes – canon digital o impuesto cultural-.

5. El Estado ha asumido en muchos casos la tarea de ayudar a la reconversión de un sector en crisis. Pero, cuando lo ha hecho, ha limitado en importe y plazos el alcance de la ayuda. Las aportaciones públicas, procedentes del conjunto de la sociedad, no pueden ser, permanentemente, la fuente principal de ingresos de un sector. Su objeto es la reconversión, no la permanencia: ninguna industria debe ser “compensada” por la aparición de un avance tecnológico, está obligada a adaptarse a la situación que dicho avance genera. El Estado no puede sustituir a la sociedad ni al mercado.

6. La lógica del “lucro cesante”, basadaen los ingresos que se dejan de percibir en el tránsito entre dos momentos económicos,se muestrainadecuada cuánto va transcurriendo el tiempo y se aleja el origen del problema. Distinguir entonces un reparto equitativo de fondos que compense, por un lado, la pérdida de ingresos por derechos de autores consagrados, con obras de una cierta antigüedad, y, por otro, las de los autores nóveles con obra reciente, que no llegan a captar la atención de la industria, se convierte en una quimera. Reconocerlo, significa reconocer con una importancia creciente, la promoción de los nuevos modelos y relaciones, mientras decrece la compensación originada en el lucro cesante.

7. Corresponde al Gobierno de la nación fijar los programas para la promoción de nuevas formas culturales, nuevos actores y nuevos modelos de negocio. Y corresponde a las asociaciones de gestión de derechos participar, como cualquier otra, en los fondos de promoción cultural que conlleven esos programas. Su participación en las acciones de impulso de la cultura es esencial porque, al hacerlo, ponen en valor a su creador y a la propiedad intelectual. Pero carece de sentido que ese fomento se haga con fondos públicos destinados a compensar un lucro cesante, como es difícil de encajar que pueda confundirse con una competencia pública que es claramente indelegable en este contexto.

8. La ley de la Propiedad Intelectual asigna al Ministerio de Cultura la tarea de asegurar la transparencia, equidad y justicia con la que se gestiona los recursos del canon y le faculta para ejercer el control sobre las entidades de gestión a las que obliga a presentar, dos veces al año, una relación pormenorizada de las declaraciones y los pagos efectuados. El primer control se producirá el próximo 30 de junio lo que permitirá conocer los criterios empleados en la captura y reparto de fondos públicos.

9. Es un buen momento para poner en marcha una nueva Comisión que analice ésta y otras propuestas presentadas por los diferentes actores, en respuesta a la solicitud del Presidente del Gobierno. Ese compromiso debería formar parte de su programa electoral. Porque es imprescindible volver a contactar con todos las partes interesadas comenzando con los emisores de las nuevas propuestas, en las que no puede faltar el Consejo de Consumidores y Usuarios que no participó en la anterior ronda de consultas.

Facilitar el tránsito entre lo viejo y lo nuevo requiere un conjunto de actuaciones con un horizonte definido, que proponemos inicialmente de cinco años. Estamos convencidos que, más pronto que tarde, las tecnologías de la información acabarán suministrando nuevas formas de retribuir la creación, hoy desconocidas, y con ellas el desarrollo de la cultura.

Ignacio Muro Benayas es Director General de la Asociación Información y Conocimiento (ASINYCO)

- Fuente original de la noticia:
http://blogs.publico.es/dominiopublico/288/otra-propuesta-alternativa-al-canon-digital/